Un cambio estructural en la gestión de datos personales
La Ley 21.719 redefine el marco legal del tratamiento de datos personales en Chile. Promulgada en diciembre de 2024, reemplaza la antigua Ley 19.628 y establece nuevas exigencias para organizaciones públicas y privadas que recolectan, almacenan o procesan información personal.
Esta ley introduce principios más estrictos de transparencia, consentimiento y rendición de cuentas, alineando a Chile con las normativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. A partir de su entrada en vigor progresiva, las empresas deberán adoptar modelos de gobernanza de datos más robustos y trazables.
Principios clave de la Ley 21.719
El texto legal establece los fundamentos que regirán el tratamiento responsable de la información personal. Entre los más relevantes destacan:
- Consentimiento explícito: Toda recolección y tratamiento de datos requiere autorización previa, libre e informada del titular.
- Limitación de finalidad: Los datos solo pueden usarse para el propósito autorizado y durante el tiempo estrictamente necesario.
- Minimización de datos: Las organizaciones deben recolectar únicamente la información indispensable para cumplir sus fines.
- Transparencia: Los responsables deben informar de manera clara las condiciones de uso y tratamiento.
- Responsabilidad proactiva: Se exige la implementación de medidas preventivas y mecanismos de rendición de cuentas.
Además, la ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que fiscalizará el cumplimiento, impondrá sanciones y atenderá reclamaciones de los titulares.
Nuevos derechos del titular
Uno de los mayores avances de la Ley 21.719 es el fortalecimiento de los derechos de las personas respecto a sus datos. Los titulares podrán:
- Acceder a la información que una organización mantenga sobre ellos.
- Solicitar rectificación, eliminación o portabilidad de sus datos.
- Oponerse al tratamiento o revocar su consentimiento.
- Exigir revisión humana ante decisiones automatizadas que los afecten significativamente.
Estas facultades obligan a las empresas a contar con mecanismos tecnológicos y procesos documentados para responder solicitudes en plazos acotados.
Desafíos para las organizaciones
El cumplimiento de la Ley 21.719 no se limita a ajustes legales o documentales. Implica una transformación operativa y tecnológica.
Entre los principales desafíos se encuentran:
- Identificar y clasificar datos personales y sensibles.
- Actualizar políticas de privacidad y términos de consentimiento.
- Definir roles y responsabilidades internas, incluyendo la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO).
- Implementar controles de seguridad, auditoría y trazabilidad.
- Mantener evidencia de cumplimiento y gestión de incidentes.
Las empresas que no adopten estas medidas enfrentarán sanciones económicas significativas, así como impactos reputacionales derivados de la pérdida de confianza.
Casos de uso y aplicación por industria
El impacto de la Ley 21.719 varía según el sector, pero los principios son universales.
Algunos ejemplos concretos:
- Banca y Finanzas: Tratamiento responsable de información crediticia y registros de clientes.
- Salud: Resguardo de historiales clínicos y consentimientos explícitos para uso médico.
- Gobierno y OIVs: Gestión segura de datos ciudadanos y trazabilidad administrativa.
- Retail y E-commerce: Control del consentimiento y uso de datos para marketing.
- Educación y Tecnología: Protección de información de estudiantes y usuarios digitales.
En todos los casos, las organizaciones deben demostrar cumplimiento verificable y medible.
El enfoque de Netprovider en cumplimiento normativo
En Netprovider, la gestión de cumplimiento se aborda de forma integral.
El servicio combina consultoría GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento), DPO as a Service y soporte técnico especializado para la implementación de la Ley 21.719.
Nuestro modelo incluye:
- Diagnóstico inicial de madurez normativa.
- Diseño e implementación de políticas y controles.
- Evaluación de impacto y gestión de riesgos asociados al tratamiento de datos.
- Integración con el CyberSOC y CTI de Netprovider para monitoreo continuo y detección de incidentes.
- Capacitación a equipos internos y reportes ejecutivos para directorios.
Esta combinación permite a las organizaciones cumplir con la ley, mantener continuidad operacional y fortalecer la confianza con sus clientes y usuarios.
Conclusión
La Ley de Protección de Datos 21.719 marca un nuevo estándar en el manejo de la información personal en Chile. Más allá del cumplimiento, representa una oportunidad para que las empresas adopten una cultura de seguridad y transparencia.
Netprovider acompaña este proceso con soluciones basadas en estándares internacionales, integrando tecnología, gobierno y asesoría especializada para que las organizaciones puedan cumplir, proteger y evolucionar en el nuevo marco regulatorio.
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